México, 19 ago (Prensa Latina) El debate en el congreso de México sobre la ley de revocación de mandatos para juzgar a un presidente en funciones, se reanudó hoy después que la oposición lo frenara para impedir su aprobación.
La discusión está a nivel de la Comisión Permanente, integrada por miembros de las dos cámaras, en la cual debe aprobarse primero para poder llevarla al pleno, pero las bancadas opositoras lograron ayer detenerla.
Sin embargo, la mayoría oficialista del partido Morena logró que la comisión sesionara nuevamente este jueves cuando se votará por segunda ocasión la posibilidad de convocar a un período extraordinario para mañana viernes, a fin de aprobarla.
El presidente de la mesa directiva de la Permanente, Eduardo Ramírez, expidió la convocatoria a la sesión de este jueves, una vez que la primera Comisión de ese órgano sesionó y aprobó el dictamen, con 10 votos a favor y cuatro en contra.
Allí se solicita a la Comisión Permanente convocar a un tercer período extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso, que se iniciará mañana y cerrará una vez agotados los tres temas de la agenda: Ley de Revocación de Mandato, Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y nueva ley orgánica de la Armada de México.
En la sesión de ayer, a Morena y sus aliados les faltó un solo voto para lograr la mayoría calificada necesaria, pero este jueves intentan conseguirlo y, aunque no han dicho cómo, se sabe que tratarán de convencer a un aliado del Partido del Trabajo que se abstuvo.
Morena requiere 24 votos, que son las dos terceras partes de los 35 senadores y diputados presentes, pero aun con el aval de sus aliados de tres partidos consiguió sólo 23 votos a favor y 12 en contra.
De no lograrse las 24 boletas, Morena insistirá en que la ley no menciona porcentajes, sino tercios y con los 23 votos se dan las dos terceras partes y, por eso, reclamó receso para verificar la votación.
La ley de revocación fue ideada y enviada al congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene la tesis de que lo mismo que el pueblo elige a sus gobernantes, tiene el derecho de sacarlos si no cumplen con sus obligaciones, antes de concluir su mandato.